N.º Actuación: 1051950329

CUIJ: 13-00646115-2/4

LUNA ROSA MODESTA EN J° 13-00646115-2 (010301-57396) LUNA, ROSA MODESTA C/ ANDIA, EDUARDO MIGUEL Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL (LEY 9423)

*106830136*

En Mendoza, a cinco días del mes de marzo de dos mil veintiséis, reunido el Colegio de Jueces de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n.º 13-00646115-2/4, caratulada: “LUNA ROSA MODESTA EN J° 13-00646115-2 (010301-57396) LUNA, ROSA MODESTA C/ ANDIA, EDUARDO MIGUEL Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL (LEY 9423)”.

De conformidad con lo decretado quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JULIO RAMÓN GOMEZ; segundo: DR OMAR PALERMO; tercero: DR. MARIO DANIEL ADARO.

ANTECEDENTES:

La Sra Rosa Modesta Luna (actora recurrente) en los autos N.º 13-00646115-2/4 interpone recurso extraordinario provincial contra la resolución dictada por la Primera Cámara de Apelaciones de los autos n° 13-00646115-2, caratulados: “Luna, Rosa Modesta c/ Andia Eduardo Miguel y Ot. P/ Daños y Perjuicios”.

Asimismo, en los autos N.º 13-00646115-2/3 Delicia Molina, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomsio Cámara Argentina de la Construcción Mendoza y el arquitecto Aldo Santoni interponen recurso extraordinario provincial contra la misma resolución.

Se admiten formalmente los recursos deducidos, se ordena la acumulación de de los autos N 13-00646115-2/3 a estos, se ordena correr los respectivos traslados a las partes contrarias, quienes contestan solicitando su rechazo.

Se registra el dictamen de Procuración General, que aconseja el rechazo de sendos recursos deducidos.

Se llama al acuerdo para dictar sentencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso Extraordinario Provincial interpuesto?

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO RAMÓN GOMEZ DIJO:

I.- RELATO DE LA CAUSA.

Entre los hechos relevantes para la resolución de la presente causa, se destacan los siguientes:

1.- Para fecha 8 de noviembre de 2010 la Sra. Rosa Modesta Luna interpone demanda de daños y perjuicios, sufridos en su vivienda como consecuencia de la obra en construcción en la propiedad lindera, contra Aldo Enrique Santoni, Construcciones Sendas S.A. y Miguel Eduardo Andía en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción, por la construcción de una obra civil. Reclama la suma de pesos un millón ciento cincuenta y cuatro mil ($1.154.000) o la suma mayor o menor que surja de la prueba a rendirse.

Relata que es propietaria de una casa antigua, construida en el año 1900 sobre un terreno de 400.91 mts con una superficie cubierta de 324 mts, ubicada en calle Patricias Mendocinas entre Pedro Molina y Colón de la Ciudad de Mendoza. La propiedad fue arreglada y acondicionada desde que la adquirió en remate el día 13/04/2000. A mediados del año 2008 se inicio la construcción de un edificio de oficinas en la propiedad contigua (límite sur).

Para noviembre de 2008 se comenzó a realizar una excavación en la pared lindante a la propiedad, lo que ocasionó la trizadura de la pared medianera sur de las habitaciones en toda su longitud con hundimiento de pisos con declive hacia la obra vecina, los moradores de esas habitaciones debieron abandonar las mismas. El día posterior intervino en su calidad de Escribana la Notaria Paola Yanina Lorefice, quien toma fotografías de los hechos y labra un acta declarativa y de constatación. Además efectúa la denuncia en la Municipalidad de Capital donde se forma el expediente N.º 21.151-B-2008 y ordena el municipio el desalojo de todas las habitaciones afectadas.

Reclama la suma de pesos ochocientos diez mil ($810.000) daño material (mudanza y traslado de bienes muebles), teniendo en cuenta que conforme lo dispuesto por la Municipalidad de Capital la propiedad debe ser demolida por su estado ruinoso; gasto que se reclamará en su oportunidad. Solicita daño moral por la suma de pesos doscientos mil ($200.000); lucro cesante por la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil ($148.000) por el alojamiento que daba la actora a familiares y amigos que viven en el interior de la provincia, por las viandas que ofrecía en el domicilio a operarios, cuidacoches, limpiavidrios, etc y la reventa de muebles antiguos que practicaba en el inmueble.

2.- Construcciones Sendas S.A. contesta demanda por intermedio de representante, niega los hechos denunciados y en especial la responsabilidad de la empresa en los daños alegados.

Destaca que su parte no tuvo a cargo ni se la contrató para la excavación de subsuelos, todo lo cual quedaba en manos del fideicomiso CAC, que contrató a Servial SRL para que realizara ese trabajo (excavación de subsuelos) los que siguieron las órdenes del encargado de cálculo y de la dirección técnica de la obra. Alega que socavaban el suelo respetando a los laterales el ancho de talud que corresponde a los planos aprobados.

Afirma la inexistencia de nexo casual entre los daños denunciados y la actividad seguida por esta demandada, quien sólo se ocupó de la obra gruesa de hormigón armado del edificio incluyendo los pozos de fricción y losas de subsuelo. La realización de esos pozos es manual y en forma posterior a la excavación de suelos y retiro del material restante de los taludes.

3.- Comparece el Sr. Andia, fiduciario del Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción Mendoza, contesta demanda. Alega la inexistencia de relación de causalidad adecuada en tanto el derrumbe que afectó la propiedad se debió a vicios propios del mismo como su antigüedad, materiales constructivos (adobe) y la humedad existente en el suelo.

Afirma la demandada que los daños que invoca la actora son anteriores a la construcción por ellos realizada, la propiedad se encontraba en ruinas antes del comienzo de la excavación según surge del acta notarial acompañada y de las constancias del expediente administrativo N.º 8422-P-06.

Destaca que la humedad del inmueble es la causa determinante del derrumbe. Las reglas del buen arte y la experiencia en la construcción indican que una excavación retirada a tres metros del inmueble vecino evitan cualquier riesgo de derrumbe en condiciones normales.

Impugna la liquidación y los rubros reclamados.

4.- A fs. 496 se resuelve denunciar la litis a Servial S.A. citándolo a comparecer y constituir domicilio legal.

5.- A fs. 639 contesta la denuncia de litis, niega en general y particular los hechos invocados. Asevera que al momento de excavar y conforme a las especificaciones del plano se dejó un retiro de cuatro metros entre la pared vecina (sin excavar) formando un talud de seguridad. Los trabajos de excavación se iniciaron el día 5 de febrero de 2008 y culminaron el 29 de febrero. Es decir que el supuesto derrumbe del suelo de la propiedad colindante se produce 9 meses después de terminados los trabajos de excavación.

6.- A fs. 656 se presenta el demandado Arquitecto Santoni y plantea la falta de legitimación sustancial pasiva atento que la actora lo demanda en su carácter de Director Técnico sin afirmar cómo el obrar del mismo puede haber influido en el supuesto hecho dañoso que manifiesta haber sufrido.

Destaca que las tareas desempeñadas por su persona se limitaron a la confección del proyecto en su aspecto arquitectónico y de diseño. Luego su función continuó controlando que el constructor realizara una fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto; jamás tuvo funciones el profesional que le permitieran controlar las características de los suelos, la calidad constructiva de los cimientos y mucho menos las tareas realizadas por los obreros que excavaron en el predio.

7.- Para fecha 23/04/2023 la Primera Instancia resuelve la causa. Hace lugar parcialmente a la misma contra Delicia Molina en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción, Construcciones Sendas S.A. y arquitecto Aldo Santoni, a quienes condena a abonarle a la actora la suma de pesos ochocientos mil ($ 800.000) en concepto de daño moral, como así también la suma de pesos a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia correspondiente al daño material solicitado, el cual deberá ser cuantificado una vez que el perito ingeniero designado o a designarse establezca el valor de una vivienda de similares características a la que poseía la actora y que cumpla con las condiciones de habitabilidad necesarias para el uso de la misma.

8.- La parte actora apela por considerar que la sentencia no estima adecuadamente los perjuicios sufridos en la propiedad y la cuantificación del daño moral; el demandado Aldo Santoni apela por la responsabilidad atribuida a su persona, el fiduciario por la causalidad adecuada y Construcciones Sendas S.A. por la relación del nexo causal entre los daños denunciados y la actividad seguida por la constructora.

La Primera Cámara desestima el recurso de apelación interpuesto por la actora, por el arquitecto demandado como así también el de la fiduciaria y hace lugar al recurso de apelación interpuesto por Construcciones Sendas S.A., bajo la siguiente argumentación:

• Aclara que los recurrentes no formularon ninguna crítica en relación al marco legal con sujeción al cual la instancia anterior resolvió la cuestión, responsabilidad de los demandados en el ámbito del art. 1113, 2do. Párrafo, segunda parte, del Cód. Civ.

• Se trata de un factor de atribución objetivo que hace a la responsabilidad derivada del riesgo que eran inherentes a las obras emprendidas (excavaciones, submuraciones, apuntalamientos, etc.) y que, al cabo, provocaron el derrumbe de parte de la casa existente en el inmueble lindero. No se trata, pues, de indagar si existió o no culpa de los accionados, sino de determinar si los trabajos fueron, objetivamente, la causa del daño.

• Aborda el agravio de los demandados referido a que no se acreditó la relación causal entre el hecho y el daño y remite a las conclusiones del informe del IMERIS de fecha 30/08/2011 constante de 83 fojas, el que tiene a la vista.

• El mismo determina que con motivo de la excavación en el lindero sur se produjeron deslizamientos en el terreno los que, debido a la presencia de suelos levemente cohesivos (arcilla) no alcanzaron un carácter catastrófico asociado al colapso concreto, si no que el mismo tiene un carácter incipiente. Estos deslizamientos dan lugar a la inclinación de muros hacia el sur y al desarrollo de descensos y grietas de dirección este oeste de los solados. Las roturas y daños observados no corresponden en absoluto a un patrón asociado a asentamientos provocados por eventuales aumentos de humedad en el suelo, los que podrían atribuirse a roturas de cañerías. En efecto, estas roturas tendrían un desarrollo progresivo y se concentrarían en las proximidades de las cañerías y habrían ocasionado fuertes incrementos de la humedad que son opuestos a las observaciones efectuadas.

• Surge de manera inequívoca que los daños existentes en la vivienda se deben única y completamente al accionar o falta de accionar de la obra del lindero sur.

• Los apelantes han argumentado e insisten en su memorial en que el derrumbe se produce porque la propiedad de la demandada se encontraba en muy mal estado antes del comienzo de la excavación conforme surge del expediente administrativo y del acta extraprotocolar labrada por el escribano Sebastián Matropasqua Gurruchaga de fecha 24 de enero de 2008. Si bien se constató el estado del inmueble, no se ha probado que la vivienda hubiera sufrido los daños verificados aún cuando no se hubiesen realizado en el inmueble lindero las excavaciones que provocaron el deslizamiento de la pared sur de la vivienda. Todo ello se verifica con la conclusión del informe del IMERES anteriormente expuesta.

• Lo alegado por los demandados, no exime de responsabilidad a quienes emprendieron las excavaciones en miras a la realización de la obra.

• El constructor no puede pretender liberarse de su responsabilidad por los daños que provocara en un inmueble vecino al edificar pretextando que el edificio dañado es antiguo y que su obsolescencia fue la causa de la ruina.

• No existe argumento alguno por parte de los apelantes que demuestre que las obras no fueron la causa eficiente del deslizamiento de la pared sur del inmueble. Discutir esto es contrariar el cúmulo de elementos objetivos, coincidentes, que vinculan causalmente los daños en la vivienda con la obra, no con el estado de la misma anterior a la construcción de la obra.

• Además los apelantes se agravian de la procedencia y cuantificación del rubro daño moral.

• No resulta discutido que el inmueble propiedad de la actora es antiguo, pero no inhabitable, de esa forma quedó luego del daño ocasionado con motivo de la obra, después de ello el inmueble quedó con tales daños que lo tornaron inhabitable con orden de desocupación y de demolición, reitero no antes.

• Se agravian los apelantes por entender que la jueza omite motivar el monto de condena, sin indicar dónde radica la falta de motivación.

• No resulta atendible ya que no es agravio la mera discrepancia con la metodología empleada por la “a-quo” para la cuantificación del rubro.

• Respecto del daño material solo aborda el agravio relativo a la forma de cuantificar el rubro.

• La jueza de grado indica en su sentencia que lo que la actora reclama es el daño emergente que sufrió en su patrimonio como consecuencia de la ruina padecida en el inmueble de su propiedad a raíz de la obra llevada a cabo por los demandados.

• Agrega que el daño en la vivienda resulta suficientemente probado con las constancias del expediente administrativo N° 21115 de la Municipalidad de la Capital, así como también de la pericia y el informe de IMERIS rendido en la causa, de los cuales surge que el inmueble debe ser demolido dado el estado en el que se encuentra la construcción, por lo que el rubro resulta procedente.

• Considera prudente diferir la cuantificación del rubro para la etapa de ejecución de sentencia, momento en el cual el perito ingeniero designado o a designarse deberá establecer el valor de una vivienda de similares características a la que poseía la actora y que cumpla con las condiciones de habitabilidad necesarias para el uso de la misma.

• La jueza de grado no excede el marco del artículo 90 del CPCCyTM al cuantificar el daño de la manera que lo hizo como invocan los apelantes, realiza su tarea teniendo presente las condiciones de la vivienda al momento de la ocurrencia del hecho y el material en el cual se encontraba construida y las dificultades que presenta el caso, con esos elementos despacha su decisión.

• Al resarcir este perjuicio lo que se intenta es que la reparación sea plena, buscando la reposición de las cosas a su estado anterior, retrotrayendo la situación patrimonial del damnificado al instante anterior del hecho.

• La codemandada CONSTRUCCIONES SENDAS S.A. se agravia de la atribución de responsabilidad en el hecho dañoso dispuesta en el grado.

• La jueza de grado concluye en su sentencia que “con las probanzas rendidas en la causa ha quedado acreditado que el hecho generador del daño en la propiedad de la actora fue la excavación realizada en el inmueble colindante perteneciente al Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción, cuya obra fue encargada a la empresa SENDAS S.A. y cuyo Director técnico fuera el arquitecto Aldo Santoni, dado que no se tomaron las medidas adecuadas y necesarias para evitar la desestabilización del inmueble, tal como fueron solicitadas por el Municipio y lo exige las reglas del buen arte en la construcción”.

• El objeto del contrato no era otro que la ejecución de toda la estructura de hormigón armado, que incluía desde los pozos de fricción de la fundación y losas del subsuelo, hasta la estructura superior del piso doceavo, en las condiciones establecidas en dicho contrato. Lo que no resulta controvertido.

• El objeto del contrato cobra importancia en razón que la empresa SERVIAL SRL al contestar la denuncia de litis formulada acompaña copia del contrato celebrado en fecha 11 de febrero de 2008 con Eduardo Andía en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso C.A.C. – Mendoza, CONTRATO DE TRABAJOS DE EXCAVACION CON RETIRO DE MATERIALES SEGÚN PLANO ADJUNTO. El objeto del contrato era realizar los trabajos de excavación con retiro de materiales del edificio del Fideicomiso C.A.C. Mendoza, las tareas se ejecutarían de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos adjuntos.

• Analizando las constancias de la causa advierte que el razonamiento del grado no se ajusta a la prueba acompañada por SENDAS SA ya que el objeto de su contrato era otro que el de realizar la excavación, ese era el objeto del contrato de SERVIAL SRL.

• Habiendo acreditado la apelante que no realizó la excavación y que la misma fue objeto del contrato celebrado entre Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción (C.A.C.) y SERVIAL SRL corresponde hacer lugar a su apelación atento a que ha logrado acreditar que no tuvo intervención alguna en los trabajos de excavación, causa esta de la producción del daño de acuerdo a la conclusión de la jueza de grado.

• Respecto del agravio de la parte actora sobre la cuantificación del daño moral.

• La apelante fundamenta su agravio en que la suma acordada al momento de dictar sentencia puede representar el alquiler de una vivienda por cuatro meses.

• Así la actora apelante en su demanda fundamentó su pretensión en términos generales sin indicar de qué modo creía que correspondía fijar una suma de dinero que resultara satisfactoria para su pretensión; introducir argumentos novedosos en la alzada amerita desestimar el agravio.

II.- ACTUACIÓN EN ESTA INSTANCIA.

a) Agravios de los recurrentes.

- Recurso de la Sra. Rosa Modesta Luna (actora recurrente).

La actora recurrente se agravia en cuanto se le impone injustamente a su parte las costas por el rechazo de la demanda contra Construcciones Sendas S.A.

Destaca que la decisión incurre en violación de garantías constitucionales, encontrándonos frente a una resolución que cae en el vicio de la arbitrariedad por cuanto se ha aplicado erróneamente el derecho.

Afirma que la imposición de costas resulta violatoria del derecho de acudir a los Tribunales, cuando como en el caso de autos existía razón valedera para que la actora interpusiera la demanda contra Construcciones Sendas S.A., conforme los hechos que se encuentran acreditados y reconocidos en autos.

Solicita la recurrente que se impongan las costas de todas las instancias en el orden causado, respecto del rechazo de la demanda contra Construcciones Sendas S.A.; en razón de que la actora se basó en datos ciertos y objetivos, los que hacían presumir la responsabilidad de la demandada.

Alega que los contratos privados existentes entre los codemandados y que sirvieron de base para fundar la sentencia aquí recurrida, se encontraban fuera de la órbita del conocimiento de su parte. Atento lo cual, no resulta reprochable interponer la demanda contra quienes figuraban en el cartel.

Manifiesta la quejosa que no puede el sentenciante, omitir abiertamente las disposiciones del Código Urbano de Edificación de la Ciudad de Mendoza - Texto según Ordenanza 3888/15 B.O. 14-01-2016 y Ordenanza 3890/15 B.O.22-01-2016 y Ordenanza 3891/15 B.O. 02-02-2016. Dichas disposiciones expresamente disponen la obligatoriedad del cartel de obra, con la finalidad de dar publicidad a terceros de quién es el propietario del inmueble y las personas que están a cargo de la misma.

Alega que esta publicidad determinó en la actora la certeza con respecto a la responsabilidad de la empresa que se publicaba en dicho cartel como responsable de la construcción.

- Recurso de Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción Mendoza y Arquitecto Aldo Santoni.

Solicitan los recurridos se defina expresamente los alcances del resolutivo II de la sentencia atacada en cuanto condena a los demandados a abonarle a la actora la suma de pesos que se determine en la etapa de ejecución de sentencia correspondiente al daño material peticionado, el que será cuantificado cuando el perito ingeniero establezca el valor de una vivienda de similares características a la que poseía la actora que cumpla con las condiciones de habitabilidad para el uso de la misma.

Afirma que no pretenden liberarse de responsabilidad con el pretexto de que el edificio era antiguo, sino que la inexistencia de responsabilidad surge claramente del hecho de que conforme el acta notarial referida, el inmueble ya se encontraba en estado ruinoso. En ese sentido, las falaces conclusiones del IMERIS resultan una foto vieja, frente al acta notarial de fecha 24 de enero de 2008.

Agregan que la sentencia atacada omite en sus considerandos el expediente municipal 8422-P-06 donde a fojas 56 del mismo, la inspectora Arquitecta Silvia Fernández comprueba el estado ruinoso del muro colindante norte de la propiedad del Fideicomiso.

Destaca que conforme lo dispuesto por el artículo VI.4.3 de la Ordenanza citada, la construcción en cuestión se encontraba prohibida, tanto en su estructura como en sus reparaciones accesorias, así como en el aprovechamiento de muros e instalaciones existentes que están ejecutados con métodos y/o materiales no aprobados y que por su estado de seguridad puedan causar perjuicios o afectar la seguridad pública.

Ponderan que la construcción carecía, carece y carecerá de todo valor económico y por lo tanto no es una cosa cuya pérdida genere perjuicio económico alguno a quien la pierde. Es decir, no existe daño y por lo tanto no existe obligación de reparar. La sentencia de primera instancia confirmada por la Cámara omite por completo este razonamiento y de ahí que enfrenta luego el absurdo de no poder valorar el daño. Justamente no lo puede valorar porque no tiene valor.

Alega que el arquitecto Santoni, jamás tuvo funciones que le permitieran controlar las características de los suelos, la calidad constructiva de los cimientos y mucho menos las tareas realizadas por los obreros que excavaron en el predio.

Destaca que las funciones se limitaron a “diseñar” un edificio y a controlar que el mismo se hiciera conforme al diseño, esto es lo que se denomina Dirección Técnica.

Afirma que la sentencia atacada omite completamente analizar la resolución del Colegio de Arquitectos N° 105/1964.

Refieren que yerra la Cámara al considerar que alguna vez el inmueble fue “habitable”. Por ello ninguna afección personal puede haber sufrido la actora frente al cumplimiento de una obligación legal. Esto es cumplir con la normativa municipal.

Respecto a la cuantía de la indemnización por daño moral cabe reiterar los mismos argumentos expresados en los agravios en contra de la sentencia de primera instancia, los cuales siquiera fueron analizados por la Cámara.

Sostienen la absoluta falta de certeza respecto a los alcances de la condena al pago de daño emergente, lo que contraria las exigencias de nuestro código de rito.

El fallo en crisis mantiene, para todas las partes del presente proceso, la incertidumbre respecto a qué debe entenderse por “vivienda de similares características a la que poseía la actora y que cumpla con las condiciones de habitabilidad necesarias para el uso de la misma”, o en términos de la sentencia de Cámara “condiciones de la vivienda al momento de la ocurrencia del hecho y el material en el cual se encontraba construida”.

Solicita se aclaren los siguientes conceptos de la sentencia: 1.- Exclusión del valor del terreno que a la fecha conserva la actora y que como terreno no ha sufrido daño alguno (no obstante que se continúa sosteniendo que ese es el único valor del bien objeto del presente proceso). 2- La reparación no puede implicar la construcción de una vivienda nueva ni tampoco una indemnización por el valor necesario para tal construcción, ya que más que una reparación plena significaría un enriquecimiento sin causa por parte de la actora; quien se haría acreedora de una vivienda nueva de material, cuando nunca la tuvo. Más aún su supuesta vivienda, era de adobe, antirreglamentaria y debía ser desalojada.

b) Contestación recurridos.

- Contestación de Construcciones Sendas S.A.

Solicita la recurrida el rechazo formal del recurso interpuesto por la actora recurrente sobre la imposición de costas, puesto que esta materia es ajena a la vía extraordinaria por tratarse de una cuestión fáctica y procesal propia de los jueces naturales de la causa.

Destaca que la actora insistió durante años en sostener la responsabilidad de Construcciones Sendas S.A., aún conociendo cabalmente que ninguna participación había tenido en la producción de los efectos dañosos que reclamaba. La Sra. Luna conocía cabalmente que la excavación de los taludes que, a la postre provocaron el desprendimiento, había sido realizada por Servial S.R.L. con su propia maquinaria así identificada en febrero de 2008.

Afirma que la intervención de Construcciones Sendas S.A, se limitó a apuntalar el muro a pedido del dueño de la obra y solo con el fin de prevenir y mitigar riesgos mayores.

- Contestación de la Sra Rosa Modesta Luna (REP interpuesto por Delicia E. Molina (Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción) y Aldo E. Santoni.)

Sostiene la recurrida que la queja de la contraria, es una total reiteración de los fundamentos vertidos en etapas anteriores, por lo que nada nuevo aporta en esta instancia. Por el contrario, reitera la disconformidad de la parte respecto a la valoración de la prueba realizada por el sentenciante.

Expresa que la prueba que el quejoso afirma que supuestamente ha sido omitida, no acredita la eximición de la responsabilidad objetiva que pretende y no tiene la virtualidad necesaria, para romper el nexo causal que se encuentra probado con el informe pericial del “IMERIS”, el cual tiene un fundamento científico sólido.

Así la contraria reitera en su recurso, el concepto de que no existe daño material, por tratarse de una construcción antigua y de adobe. Pero ignora ésta, que se encuentra acreditada, que la demolición obedeció al obrar negligente de los propios demandados.

Afirma que las funciones del Director Técnico comprende controlar integralmente todo lo que se realiza en la construcción y anotar las instrucciones y novedades en el libro de acta.

Al respecto, la sentencia de primera instancia, luego de analizar detalladamente todas las pruebas realizadas, por expertos en la materia (pericias), acreditó la causa del daño. Al respecto acertadamente dice: "... Que el fideicomiso contrató para la realización de obras a los codemandados Construcciones Sendas S.A. y arquitecto Aldo Enrique Santoni, quien ha reconocido en su contestación que tenía a cargo la Dirección Técnica de la obra. …". De ninguna manera puede desligarse de responsabilidad al demandado Santoni en autos.

Sobre el daño moral, sostiene que no se puede soslayar, que la actora vive una situación de angustia que se ha prolongado durante 15 años, ya que actualmente la Sra. Luna no posee un techo propio.

Manifiesta que los conceptos que los recurrentes intentan exponer como oscuros (diferir para la etapa de ejecución de sentencia la determinación del costo de reparación del daño), no son tales y la sentencia es clara, fundada en derecho y en la prueba rendida en la causa, y los recursos aquí en responde, sólo son una manifestación de disconformidad con el fallo que no encuadra en un verdadero recurso extraordinario.

c) Dictamen de la Procuración General.

Estima el Ministerio Público Fiscal que los recursos extraordinarios interpuestos deben ser desestimados. El planteado por la actora recurrente, sobre la imposición de costas impuestas a su parte por el rechazo de demanda contra Construcciones Sendas S.A., entiende se ajusta a lo normado por el art. 36 del CPCCTM y al art. 4 de la Ley 9131.

Respecto del recurso incoado por los demandados entiende que no se avisora la arbitrariedad alegada y los recurrentes sólo disienten con el resultado al que arriban las instancias de grado.

III.- LA CUESTIÓN A RESOLVER.

La cuestión a resolver en la presente causa, consiste en determinar si resulta arbitraria y/o normativamente incorrecta la sentencia de Cámara que confirma la de grado en cuanto hace lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios contra el Arquitecto y la Fiduciaria del Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción por ocasionar la demolición de una vivienda. Asimismo deberá determinarse si resulta arbitraria o normativamente incorrecta dicha sentencia en cuanto condena en costas a la parte actora por el rechazo de demanda respecto de uno de los codemandados Construcciones Sendas S.A.

IV.- SOLUCION AL CASO.

a) La arbitrariedad como fundamento del Recurso Extraordinario Provincial.

Este Tribunal tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del Recurso Extraordinario Provincial, pero interpreta restrictivamente las causales en razón de la excepcionalidad del remedio extraordinario y de lo dispuesto por el art. 145 del C.P.C.C.T.M. Lo contrario significaría hacer de ésta una tercera instancia ordinaria contraviniendo todo el sistema constitucional recursivo. Por ese motivo, el rechazo del recurso por este tribunal no significa necesariamente que comparta la solución del fallo, sino tan sólo que está impedido de conocerlo, por resultar irrevisable si no se acredita el vicio de manifiesta arbitrariedad. Por aplicación de esta regla, el recurso no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables (L.A 90-472; L.A 120-363; L.S 240-215; L.S 276-86; L.S 276-96; L.S 271-239; L.S 270-277).

La arbitrariedad entonces, como vicio propio del recurso extraordinario, supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa, o decisiva carencia de fundamentación (L.A. 101-447; 108-23).

Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía, en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota C.P.C.; L.A. 91-143; 94-343; 84-257; 89- 357; L.S. 157-398).

b) Aplicación de estas pautas al caso concreto.

b-1) REP de la Sra. Luna (actora).

En relación a este punto la recurrente solicita, que la condena en costas por el rechazo de demanda contra Construcciones Sendas S.A. sea en todas las instancias por el orden causado.

Se agravia la actora recurrente por la imposición de costas efectuada a su parte por el rechazo de demanda contra la empresa Sendas S.A. en tanto considera que tal imposición resulta arbitraria ya que su parte litigó con razón valedera y conforme a la publicidad detallada en el cartel de obra, desconociendo los contratos privados existentes entre las partes.

Las razones expuestas no resultan suficientes para justificar una modificación de la condena en costas en esta instancia extraordinaria. En efecto, “el principio chiovendano de la derrota no se sostiene en los aspectos subjetivos del proceso tales como la razón probable para litigar, sino en un hecho objetivo, fácilmente demostrable, cual es el del vencimiento de una parte y la derrota de la otra. Nada tiene que ver la culpa o la mayor o menor razón frente al resultado judicial para establecer la consecuencia vinculada con cargar con las costas, al punto que estas se compensan cuando existe vencimiento recíproco (como se puede concluir "hecho jurídico" objetivo)”. (Expte:13-05143704-1/1 - CAPITAL ARG. S.A....” - Fecha: 22/05/2025 - SCJM).

Asimismo, se ha resuelto que “la imposición de costas en el proceso no puede ser revisada en instancia extraordinaria, salvo arbitrariedad manifiesta, ya que ella depende de la apreciación discrecional del juzgador, quien siguiendo un razonamiento lógico y valorando las circunstancias de la causa, puede aplicar el criterio general -principio chiovendano de la derrota- o la excepción en esta materia” (Expte: 13-07056554-9/1 - “Bramanti, María Manuela...” - Fecha:01/10/2024 – Ubicación: LS 717-145 – SCJM) (Idem Expte: 13-06719120-4/1 – “Flechas de los Andes” … del 27/10/2025).

De conformidad con los criterios expuestos por esta Corte, no se advierte arbitrariedad alguna en aplicar el principio general dispuesto en el art. 36 inc. I del CPCCTM y por ello, condenar en costas a la vencida.

Efectivamente, las razones invocadas por la recurrente no resultan suficientes para apartarnos del principio chiovendano de la derrota y mucho menos logran acreditar que el accionar de la Cámara resulte arbitrario o irrazonable, por lo cual, entiendo que el planteo de la quejosa debe ser rechazado.

Por lo expuesto y si mis colegas de Tribunal comparten mi opinión, entiendo que el recurso extraordinario interpuesto por la Sra. Luna debe ser rechazado.

b-2) REP de los demandados.

Anticipo opinión en consonancia con lo estimado por el Ministerio Público Fiscal en el sentido que el recurso extraordinario incoado por el arquitecto y la fiduciaria del fideicomiso demandado debe ser desestimado.

Explicaré las razones de mi voto:

Las instancias de grado hacen lugar a la demanda de daños y perjuicios intentada por la Sra Luna al considerar que el hecho como la relación causal con los daños denunciados surgen acreditados en la causa por el informe pericial, el informe del IMERIS, las constancias de la causa, los exptes. AEV y las testimoniales; por lo que los demandados deben responder por el daño causado de conformidad con la normativa que rige el caso (art. 1113 2do. párrafo).

Incluso la Cámara ratificó el marco normativo aplicado, la responsabilidad objetiva derivada del riesgo que eran inherentes a las obras emprendidas (excavaciones, submuraciones, apuntalamiento, etc.) que provocaron el derrumbe de parte de la casa existente en el inmueble lindero.

Determinó además que surge de manera inequívoca que los daños existentes en la vivienda se deben única y completamente al accionar o falta de accionar de la obra del lindero sur, lo que surge de las conclusiones del informe del IMERIS de fecha 30/08/2011, que fueron contundentes al respecto.

En consecuencia la alzada confirmó la condena por daños y perjuicios contra el fiduciario del Fideicomiso demandado y contra el arquitecto (director técnico de la obra).

Los agravios de los recurrentes condenados se resumen en los siguientes: 1) inexistencia de responsabilidad porque el inmueble se encontraba en estado ruinoso; 2) que las funciones del Director se limitaban al diseño del edificio; 3) la cuantificación del daño moral; 4) la aclaración del rubro daño emergente, del que se debe excluir el valor del terreno y que la reparación no puede implicar la construcción de una vivienda nueva; y 5) que se definan los alcances del resolutivo II diferidos para la etapa de ejecución de sentencia.

1) Inexistencia de responsabilidad por el estado ruinoso del inmueble.

Se quejan los recurrentes del estado ruinoso del inmueble cuya antigüedad data del año 1900. Consideran que la demolición ordenada por el municipio no se debe a las obras realizadas en el inmueble lindero (excavación) sino a la construcción antigua, de adobe y el mal estado en el que ésta se encontraba antes del inicio de las obras.

Es dable destacar que la antigüedad de la construcción y el material con el que fue construido el inmueble (adobe) no significa per se que se trate de algo ruinoso pues el adobe no es inherentemente ruinoso, su estado depende de las condiciones ambientales, el diseño, mantenimiento, la humedad de los suelos.

En la causa lo cierto es que al momento en que se comenzó la construcción del edifico, el inmueble colindante sur se encontraba habitado y en buen estado de conservación a pesar de ser de adobe y tener más de 100 años de construido; habiendo resistido sismos de gran magnitud que se han producido a lo largo de esos años.

Este Tribunal se expidió en la causa “Robello…”del 18/10/2018, donde dijo: “Nuestra doctrina jurisprudencial ha establecido, correctamente, que el concepto de ruina comprende el supuesto de “amenaza de ruina” que importe un peligro inmediato “que no deje lugar a dudas que la ruina se producirá”. En definitiva, para que el edificio se encuentre en ruina (total o parcial), no es necesaria su destrucción violenta e inmediata, ni que el deterioro de la obra sea instantáneo, ya que basta una degradación progresiva y paulatina por efecto de alguna de las causas enumeradas en el art. 1646 del CC, que afecten la solidez del inmueble, o la hagan impropia para su destino; debiendo ser ello medido en función de la posibilidad o imposibilidad de recuperar la obra, es decir, teniendo en cuenta la irreparabilidad práctica por el alto costo económico que resultaría necesario para lograr ese objetivo, pero también debo resaltar que no configuran ruina, no obstante la amplitud del concepto al que adhiero, cualquier vicio subsanable o que no comprometa la solidez, estabilidad, o aprovechamiento de la obra, o que sea reparable con un costo económico razonable, los cuales deben ser calificados como vicios aparentes u ocultos, sometidos a su régimen específico de responsabilidad” (Autos n°13-00357591-2/1; 18/10/2018; LS 571-180).

El concepto jurídico de ruina, incluye el derrumbe o destrucción de la cosa, el grave daño del inmueble, la imposibilidad de aprovechamiento de la cosa y los costosos trabajos para repararla. (Idem LS 571-180; LS 622-151; LS 571-180)

Los recurrentes demandados no han logrado probar en autos que el inmueble se encontraba en ruinas, al contrario hasta el inicio de la obra no existía ni riesgo ni peligro de demolición del inmueble en cuestión.

El acta extraprotocolar del día 24 de enero de 2008 practicada por el Escribano Mastrapasqua, al que se refieren los recurrentes sólo da cuenta del estado de las paredes lindantes con los inmuebles vecinos y al detallar el muro norte denota que es de adobe, sin encadenar, de aproximadamente 5 mts de altura con fisuras. Se trata de un muro medianero por ello sugiere a fin de preservar la estabilidad de este muro dejar partes de la construcción demolida (sobre la que se está realizando la obra), ya que sin éstas se supone que el muro sería muy poco seguro.

Es decir que los demandados desde un principio conocían las características del inmueble lindero y dada la especialidad de quienes realizan las obras (empresa constructora y de demolición o excavación) podían advertir los riesgos importantes de daños sobre las propiedades linderas frente a las vibraciones, excavaciones y sobrecarga.

En función de estos riesgos es que el municipio en el expte. 8422 DV8-P-2006 a fs. 56 cuando realiza la inspección en la obra en construcción solicita se amplíe el informe de excavaciones para el sector norte que es el más comprometido, ya que posee construcción adosada. Así determina el inspector que “Previo al inicio de excavación deberá presentar plan de excavación y submuración, apuntalamiento sobre sector norte. (Fdo: Inspector Zambudio del día 08/02/2008).

A fs. 57 del expte. municipal antes señalado el Ing. Dario A. Paez pide permiso para iniciar la excavación y el departamento de construcción solicita se dé cumplimiento con lo solicitado por el inspector a fs. 56. Para fecha 18/02/08 obra constancia de que se adjunta el plan de excavación como fs. 3892 y consta de 412 fs.

De las pruebas existentes en la causa no surge que el inmueble de calle Patricias se haya encontrado en ruinas antes del inicio de las obras, por el contrario se encontraba habitado, con moradores y en buen estado de conservación. Con el correr de las obras, excavaciones y a pesar de las submuraciones realizadas, las fisuras se acrecentaron y el riesgo de derrumbe fue palmario, motivo por el cual se ordena la desocupación de las habitaciones con mayor riesgo.

Si bien es cierto que la ordenanza 2870/87 en el capítulo VI 4.3 prohíbe la construcción de edificios de adobe y/o métodos y/o materiales no aprobados, la construcción en cuestión fue realizada en el año 1907, bajo los parámetros de aquella época y con los materiales constructivos que se utilizaban en esa época. La normativa ordena la eliminación del edificio cuando presente daños del tipo I y II, que son aquellos irreparables o insalvables conforme la seguridad pública que denote daño estructural que comprometa su capacidad de soporte, estabilidad y seguridad. Estos daño se advierten con el transcurrir de la obra en construcción del edificio de oficinas.

Por lo tanto la responsabilidad de los recurrentes en la generación de los daños a la propiedad de la accionante no ha podido ser desvirtuada.

2) Funciones del Director de Obra.

La doctrina define la responsabilidad del director de obra, como “el sujeto que promete convencionalmente al comitente un resultado intelectual, cual es, que la obra se ejecutará conforme al proyecto. Su función es controlar, asesorar, informar, dirigir, etcétera (…) Necesariamente es un profesional; por eso, se le exige la diligencia propia de la especialidad de sus conocimientos y la garantía técnica y profesional que implica su intervención en la obra”. (“Responsabilidad de los profesionales de la construcción”, Aída Kemelmajer de Carlucci, dirigido por: Jorge Mosset Iturraspe, Revista de Derecho de Daños, 2004-2, 1° edición, Santa Fe, Ed. Rubinzal Culzoni, Pág. 14).

Por lo demás, del accionar del demandado se desprende su responsabilidad no sólo en la representación del proyecto como lo menciona al contestar la demanda y fundar agravios sino a lo largo de todas las presentaciones efectuadas en los expedientes administrativos solicitando las inspecciones de los pozos de fundación, de las armaduras de arranque de losas, de tabique, de los talones de asiento, controles, planos, etc. En efecto, era el director técnico quien debía tomar todas las previsiones necesarias para que el inmueble lindero no sufriera daños que lo desestabilizaran al punto de correr riesgo de derrumbe, ello conforme al plan solicitado por el municipio y conforme las reglas del buen arte en la construcción.

Si bien, no puede pretenderse una presencia permanente del director técnico en la obra, sí puede presumirse que su presencia no fue suficiente para lograr la garantía de una obra realizada conforme las técnicas del arte de la construcción. En virtud de las consideraciones realizadas, no resulta suficiente el control de la obra conforme el proyecto presentado para eximir de responsabilidad al director técnico si la misma ha ocasionado daños a inmuebles linderos por falta de cuidado, por omisión de los deberes necesarios de submuración o simplemente por no prestar la atención que la labor requería.

La responsabilidad del arquitecto no ha podido ser desvirtuada por las constancias objetivas de la causa.

3) Cuantificación del daño moral.

La Cámara al tratar el agravio de los apelantes referido a la procedencia y cuantificación del daño moral determina los parámetros necesarios que deben darse para la procedencia del rubro y la manera en que el mismo debe ser cuantificado.

Concluye en su entender la alzada que los argumentos esbozados en la apelación lucen insuficientes para modificar la procedencia del rubro ya que no se ajustan a la realidad de la cuestión panteada en autos, ni indican en que reside la falta de motivación de la que se quejan puesto que el rubro resulta procedente dada la magnitud de los daños y la angustia y frustración que los mismos provocaron en la víctima (actora) lo que no fue desvirtuado.

El daño moral, hoy daño extrapatrimonial es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. No requiere prueba específica en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica. (art. 1078 del C.C. Y su doctrina; SCBA 13-6-89, «Miguez Rubén y otro c/ Comarca S.A. y otro» -L 40.790- El derecho Tº 136 pág.526).

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado en casos similares que, al no requerir prueba específica alguna, ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- correspondiendo al responsable del hecho dañoso acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de dicho daño. (conf. SCBA, causas Ac. 55.648, S. del 14-VI-96; Ac. 57.523, S. del 28-V-96; L.38.931, S. del 10-V-88 en A y S1988-II-114, entre otras) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha impuesto la doctrina que establece que el daño moral tiene carácter resarcitorio, el que surge de textos legales expresos (arts. 522 y 1078 del C.C.), no teniendo que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este. («Forni, Francisco y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Indemnización de Daños y Perjuicios» F 439.XXI, setiembre 7 de 1989).

Ante esta Sede la crítica de los recurrentes en relación al daño moral concedido no supera siquiera el valladar formal, atento que se limita a remitirse a los agravios vertidos en la instancia de grado sin esbozar una sola razón por la cual debería modificare la sentencia dictada. Tan sólo disiente y cuestiona genéricamente que sus agravios no fueron tratados por la alzada, sin especificar la queja referida, accionar que no cumple en modo alguno la exigencia de fundamentación de un recurso extraordinario.

La queja en este aspecto debe ser desestimada en tanto el Recurso extraordinario provincial debe ser concreto en sus agravios y bastarse a sí mismo. “El desarrollo argumental de la queja debe implicar una crítica razonada de la sentencia en relación a la errónea exégesis que se invoca como fundamento del recurso. Constituyendo tal exigencia un recaudo de procedibilidad de cumplimiento insoslayable, su omisión obsta a la procedencia de la vía atento a su naturaleza excepcional, debiendo destacarse que la sola mención de las normas implicadas no constituye fundamentación adecuada en los términos del Art. 161 precitado. (Art. 145 C.P.C.; LA 85-433; 86-153; 82-1; 98-197; LS 67-227;LA 81-63 (10.6.80); LA 87-387 (31.10.83); nota art. 161 C.P.C.).”

4) Rubro daño emergente y definición del resolutivo II de la sentencia atacada.

Respecto de las aclaraciones sugeridas por los recurrentes para la cuantificación del rubro daño emergente, referida a la exclusión del valor terreno y lo incluido en el término reparación de la vivienda, como las definiciones del resolutivo II de la sentencia atacada, considero que la queja en cuestión debe ser desestimada.

Probada la responsabilidad de los demandados en la generación de los daños a la propiedad y en especial la demolición de la misma por tornarse insegura para sus moradores, es que corresponde como lo hicieron las instancias de grado abocarse a la extensión de la reparación. Ellas determinaron prudente diferir la cuantificación del rubro para la etapa de ejecución de sentencia con la intervención de un perito ingeniero que establezca el valor de una vivienda de similares características a la que poseía la actora y que cumpla con las condiciones de habitabilidad necesarias para el uso de la misma.

Resulta prematuro en este punto efectuar aclaraciones sobre las que el Tribunal aún no se ha expedido, ni el perito ha efectuado la tarea encomendada. Si la vivienda a reconstruirse debe realizarse en el terreno que ya posee la actora y que es lindero a la obra construida, el monto del terreno queda excluido de la indemnización debida.

El resarcimiento en este aspecto deberá ser pleno e integral, comprendiendo la indemnización de los daños sufridos, basado en el principio alterum non leadere - no dañar al otro- que deriva de los arts. 17 y 19 de la CN. (CSJN in re “Santa Coloma” Fallos: 308:1160)

En virtud de las circunstancias mencionadas, corresponde rechazar el recurso extraordinario deducido, en tanto no puede afirmarse que la sentencia recurrida se haya apartado irrazonablemente de las constancias de la causa, o haya valorado la prueba incorporada de manera desviada, absurda o ilógica, por lo que, más allá de que se comparta o no el resultado al que se arriba, en modo alguno puede sostenerse que el pronunciamiento sea arbitrario, por lo que debe mantenerse como acto jurisdiccional válido ante la excepcionalidad de los recursos en examen.

Así voto.

SOBRE LA MISMA CUESTIÓN EL DR. OMAR PALERMO, EN DISIDENCIA PARCIAL, DIJO:

Me permito disentir parcialmente con mi distinguido colega preopinante respecto a la solución arribada, por cuanto entiendo que el recurso extraordinario incoado por la Sra. Luna debe ser admitido y modificarse en consecuencia la sentencia de Cámara en cuanto impone las costas a la actora por el rechazo de demanda contra Construcciones Sendas S.A; así las costas deben imponerse por el orden causado en todas las instancias.

La disidencia que planteo se refiere únicamente a la condena en costas impuesta a la Sra. Luna y dejá incólume lo dispuesto por el preopinante respecto de los Recursos incoados por los demandados (arquitecto y fiduciaria) los que deben ser rechazados.

Las instancias de grado imponen las costas a la Sra. Luna atento el rechazo de demanda operado contra Construcciones Sendas S.A. en función del principio chiovendano de la derrota.

Entiende la recurrente que las costas deben imponerse por su orden en tanto tuvo razones suficientes para litigar conforme los carteles de obra que informaban las empresas a cargo de la construcción.

En este aspecto entiendo necesario apartarme del principio general, principio de derrota, e imponer las costas por su orden en virtud del análisis particular del caso en cuestión.

Como señala la doctrina el concepto de igualdad decimonónico se basa en el individuo y su autonomía, con base en el derecho antidiscriminatorio que paradójicamente acentúa la identidad subordinada, frente a los modernos conceptos de vulnerabilidad, que se abren paso entre los doctrinarios contemporáneos, de cuña más reciente en el derecho civil actual, y que parte del individuo para insertarlo en la trama relacional, en tanto cuando hay vulnerabilidad hay interdependencia recíproca visibilizada (BASSET, Úrsula, Fallar con perspectiva de vulnerabilidad…, RCCyC, Año VIII, número 6, diciembre de 2022).

Dicho de otro modo, el fin de la perspectiva de vulnerabilidad es mantener la igualdad efectiva y no sólo la formal (BASSET-SANTIAGO, Tratado de Derecho Constitucional y Convencional de Derecho de Familia y de las Personas, Tomo I, pág. 377), resignificada a partir del concepto en estudio. En la presente causa lo será con eje en la relación jurídica de las partes que subyace al pleito, evitando lesiones de derechos de las que todos, desde el punto de la vulnerabilidad como condición humana universal podemos sufrir. Se busca en este capítulo superar la vulnerabilidad que por razones económicas exhiben las partes del proceso (MOSMANN, Actualidad del Derecho Procesal respecto del acceso a justicia de personas en situación de vulnerabilidad, RCCyC, Dossier, Año VIII, Diciembre de 2022).

Así desde esta nueva perspectiva entiendo necesario corregir la consecuencia que la aplicación del principio de derrota provocaría en el presente caso. Ello en tanto la Sra. Luna, si debe asumir las costas del proceso, esto es los honorarios de sus abogados más aquellos determinados en favor de los representantes de su contrincante por su carácter perdidoso, con sus magros ingresos, se verá en una situación que puede resultar en la creación de una vulnerabilidad antijurídica. Esta situación, surgida de las constancias probatorias de la causa, analizadas a efectos de la resolución de la pretensión, evidencia que la aplicación de la imposición de costas, en la forma tradicional, conduciría a una situación fáctica de riesgo de daño para la actora recurrente por el impacto que la sumatoria de los costos de juicio provocará en sus escasos recursos (conf. BASSET, ob. Cit; BASSET-SANTIAGO, pag. 384).

A ello añado que asiste razón a la recurrente cuando invoca la razón probable para litigar, desde que como se indica en el cartel de obra figuran los intervinientes de la construcción sin que los vínculos contractuales y delimitación de tareas y obligaciones sean asequibles para los terceros ajenos a dichas construcciones.

De allí que entiendo propicio modular el principio de derrota en este caso en particular, con acento en la prevención de un daño hacia la actora recurrente en punto a la aplicación legal de las costas del juicio y en consecuencia, no dejar de imponer costas, mas imponerlas por su orden, en respeto de los honorarios profesionales devengados que revisten carácter alimentario.

Los honorarios se regulan de conformidad con las pautas del art. 16 y 31 de LA.

Entiendo en consecuencia que la Sentencia de Cámara debe modificarse respecto de la imposición de costas y en consecuencia corresponde admitir el recurso extraordinario de la Sra. Luna, debiendo imponerse las costas por su orden en todas las instancias y rechazarse los recursos extraordinarios incoados por los demandados.

Sobre la misma cuestión el Dr. MARIO DANIEL ADARO, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JULIO RAMON GOMEZ DIJO:

Atento al resultado al que se arriba en la cuestión anterior, corresponde admitir parcialmente el Recurso Extraordinario incoado y en consecuencia revocar parcialmente la sentencia de Cámara en lo que respecta a la imposición de costas a la actora por el rechazo de demanda contra Construcciones Sendas, las que deberán imponerse por el orden causado en todas las instancias.

Así voto.

Sobre la misma cuestión Dres. OMAR PALERMO y MARIO DANIEL ADARO, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. JULIO RAMON GOMEZ, DIJO:

De conformidad al resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas de la instancia extraordinaria en el orden causado. (art. 36 CPCCTM).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. OMAR PALERMO y. MARIO DANIEL ADARO, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 05 de marzo de 2026.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

R E S U E L V E :

I) Admitir el recurso extraordinario deducido por la actora en autos N.º 13-00646115-2/4 “Luna Rosa Modesta en j° 13-00646115-2 (010301-57396) Luna, Rosa Modesta c/ Andia, Eduardo Miguel y Ots s/ Daños y perjuicios s/ Recurso Extraordinario Provincial” y rechazar el recurso deducido por los demandados en autos N° 13-00646115-2/3, caratulados: “Molina Delicia Edith Fiduciaria del Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción Mendoza y Ot. en j° 13-00646115-2 (010301-57396) Luna, Rosa Modesta c/ Andia, Eduardo Miguel y Ots p/ Recurso Ext. Provincial”, ambos contra la sentencia dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial para fecha 04/10/2024 en los autos principales, la que se modifica parcialmente en lo referido a la imposición de costas, imponiéndose las mismas por su orden en todas las instancias, las que quedaran redactadas en lo pertinente de la siguiente manera:

“1° Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Rosa Modesta Luna y rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Aldo Santoni y la Sra Delicia Molina en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Cámara Argentina de la Construcción, por lo que se modifica el punto pertinente de la sentencia de primera instancia de la siguiente forma:

““ I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por ROSA MODESTA LUNA contra DELICIA MOLINA EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTO ALDO SANTONI y, en consecuencia, condenarla a fin de que abone a la actora la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000), en el plazo de DIEZ DIAS de quedar firme la presente con más los intereses establecidos en los considerandos respectivos y hasta la fecha de su efectivo pago.””

““II.- Condenar a los demandados a abonarle a la actora la suma de pesos que se determine en la etapa de ejecución de sentencia correspondiente al daño material peticionado, el cual deberá ser cuantificado una vez que el perito ingeniero designado o a designarse establezca el valor de una vivienda de similares características a la que poseía la actora y que cumpla con las condiciones de habitabilidad necesarias para el uso de la misma.””

““III.- Rechazar cualitativamente el rubro lucro cesante solicitado por la actora, por la suma de $ 144.000, con costas en el orden causado.””

““IV.- Imponer las costas a la parte demandada vencida por lo que prospera la demanda y a la parte actora por lo que se rechaza, en el orden causado (art. 35 y 36 C.P.C.C.T.).””

““V.- Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta que se determine el valor total de condena.””

“2°.- Costas en la alzada a los apelantes Aldo Santoni y Delicia Molina, por resultar perdidosos, y a la actora en el orden causado.”

II) Imponer las costas de la instancia extraordinaria en el orden causado (art. 36 CPCCTM).

III) Diferir la regulación de honorarios hasta que se practiquen la de las instancias de grado.

NOTIFIQUESE.